Dos ejemplos recientes que pueden ayudarnos a valorar nuestras futuras decisiones laborales sobre que debemos y que no debemos hacer ateniéndonos a sus consecuencias penales.
Queda claro, una cosa es interés público y otro el interés político. No es lo mismo expoliar el dinero de nuestros impuestos y enriquecerse a costa del interés público que llenar a un político de merengue.
Pero no se preocupe, no faltarán sesudos análisis televisivos, comités de expertos sociológicos pagados a millón y cientos de millones para fundaciones de investigacion que vengan a debatir en un futuro no muy lejano los motivos del descreimiento y la falta de confianza del españolito medio en el sistema judicial, cuando bastaría con encender la televisión para descubrir la importancia y los recursos que el gobierno concede a diversos aspectos de la administración del Estado. Sí, ciertamente la justicia tiene todas las de perder. El aspecto (incluso el olor, diría) del despacho de Hacienda de cualquier pueblo de mala muerte está años-luz en tecnología y recursos de los juzgados de la capital del Estado.
La siguiente imagen habla por sí sola. Y no, la parte de abajo no corresponde a un decorado de Cuéntame como pasó.
Dos ministerios dos siglos de diferenciaLa imagen superior corresponde la ministra de economía Elena Salgado portando los presupuestos generales del Estado, una publicación anual que desde hace ya muchos años se publica digitalmente. Debajo el sumario de uno de los juicios más importantes de los últimos años en España, el caso Prestige: 300.000 folios impresos y guardados en cajitas de cartón pulcramente amontonados en unas estarías metálicas del Carrefour. ¿se imaginan ustedes teniendo que buscar el término «hilillos de plastilina» en ese sumario? ¿No verdad? pues de eso se trata.
