Greenpeace acaba de presentar una denuncia por supuesto delito de prevaricación contra el Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), el pepero Adrián Ángel Viudes Viudes, porque éste no autorizó el atraque del Rainbow Warrior en la zona comercial -la más interior y concurrida- ya que dice que «la Autoridad Portuaria de Cartagena solo asigna buques comerciales, que transporten mercancías o pasajeros«.
No me puedo creer que las normas de la APC establezcan que un yate de una ONG como Greenpeace, que ofrece un servicio público más o menos estimado, pero innegable, no pueda atracar en la zona de más fácil acceso al público para poder difundir mejor los mensajes de sus campañas informativas (en este caso contra la sobreexplotación de las poblaciones de atún rojo en el mediterráneo y el papel que están jugando las granjas de engorde, como las de Cartagena). ¿Quién se cree ese señor que es para disponer de un organismo público como el de la APC como si de su coto particular se tratara? ¿Por qué un año antes, cuando la campaña informativa era sobre la soja transgénica sí le permitió atracar y ahora no?
Es evidente que lo que le molesta a ese señor, y seguro que al Partido Popular que es quien lo nombró también, es que haya personas dispuestas a poner en evidencia su política de arrase y pelotazo en el mar y en tierra firme.
Pero por mucho que esconda bien los muertos en los armarios, el olor ya apesta.
