El Bonolibro es un «cheque» con un valor aproximado de 120 euros que recibe cada alumno/a perteneciente a familias con un nivel de ingresos económicos bajo, o medio-bajo.
Este año el recorte del bonolibro ha hecho que el 80 % de familias que lo recibieron el año pasado se hayan quedado sin esa ayuda.
Si al gasto por libros que siempre sobrepasa los 100-150 euros, le añadimos otros 100 euros mínimos de gasto en material escolar (cartera de libros, bolsa de aseo, estuche, etc) y qué menos que otros 100-200 (zapatillas deportivas, chándal, abrigo…) euros en ropa (que los críos crecen cada año), puede usted mismo imaginar el desembolso que realizan por estas fechas las familias con niños/as en edad escolar en España. El bonolibro simplemente palía en parte ese gasto.
La Consejería de Educación establece unos baremos y se adjudican los bonolibros. Hay familias que acceden a bonolibros sin merecerlos y por consiguiente familias que no acceden a bonolibros, teniendo necesidad de ellos.
Al problema del recorte debemos añadir este otro bastante fácil de comprender (quizá no tanto de solventar): existen bastantes familias que viven «en negro», sin cotizar a Hacienda y beneficiándose de becas y ayudas como la del bonolibro (además, claro, de la exención de impuestos). Pero lo sangrante surge cuando familias con un nivel socioeconómico alto o altísimo «en negro», solicitan -con todo su morro- y obtienen el bonolibro, en detrimento de las que son realmente pobres o lo necesitan. Y ¿qué se puede hacer?
Cuando reivindicamos que el Estado aumente el control sobre el dinero negro, también reivindicamos que toda esta trapecería desaparezca. El dinero en inspectores de Hacienda es una inversión segura, y debería cotizar en bolsa.