Rio Uruguay

La globalización es algo muy complejo que tiene aspectos positivos y negativos.
La globalización supone un sistema de organización de la economía mundial en el que los grandes capitales vuelan de un país a otro, de una gran compañía a otra, a gran velocidad, fugazmente en muchos casos.
Esta alta volatilidad del capital tiene más aspectos negativos que positivos para la población local de un sitio, de cualquier sitio, donde esos capitales llegan a invertirse: antes o después el capital invertido desaparece, dejando el lugar arrasado, en el más amplio sentido del término «arrasar».
Samuel, un amigo de una lista de correo, me informa del conflicto desatado entre Uruguay y Argentina con motivo de la instalación de unas industrias papeleras europeas en el Río Uruguay, que hace de frontera entre los dos países. Os lo copi-pego:

Resumiendo el estado de situación del conflicto, lo cierto es que un gobierno «de izquierdas», el uruguayo de Tabaré Vázquez, dio el visto bueno a la instalación de dos plantas de celulosa (una española, de ENCE, otra finlandesa, Botnia) sobre el río Uruguay, con un gran potencial contaminador. El invento está financiado por el Banco Mundial, gran promotor de la política forestal en América Latina, pero también en Asia y Africa. Los primeros que protestaron fueron organizaciones ecologistas uruguayas, y pronto la protesta pasó a la vecina provincia argentina de Entre Ríos, donde se sitúa Gualeguaychú. Aquí la movilización vecinal ha sido tan espectacular y sostenida, con cortes de las principales carreteras al vecino Uruguay que han durado meses, que obligó al gobierno Kirchner (¿de izquierdas? ¿populistas? depende) a protestar (tardíamente) contra la construcción de las mal llamadas papeleras, llevando el caso incluso al Tribunal Internacional de la Haya. Ante la crisis política, el Banco Mundial (dirigido actualmente por el impresentable Wolfowitz) suspendió la concesión de los créditos, y se ha visto obligado a revisar el estudio de impacto ambiental.

El gobierno argentino, y el provincial de Entre Ríos, no sabe cómo meter a los habitantes de la provincia en vereda. Si fuera por Kirchner, hace tiempo que hubiera continuando mirando para otro lado (así fue hasta 2005), o se hubiera arreglado las cosas de otra manera, mediante negociaciones bajo la mesa. Han tratado de apaciguar los ánimos (recurriendo a la Haya), cooptando representantes del movimiento (nombrando a una abogada ecologista Secretaria de Medio Ambiente), o cambiando funcionarios. Pero el hecho es que la movilización, lejos de disminuir, ha crecido y se ha consolidado, aunque ahora no haya cortes. El gobierno no puede reprimirlos por las bravas, como hicieron sus predecesores. Su legitimidad pretende basarse en la ruptura con todo lo que precedió a la revuelta (¿revolución) de 2001-2002. Y, ciertamente, ese punto de inflexión es lo que explica la fuerza del movimiento, y la (de momento) permeabilidad del gobierno a sus demandas, a pesar de que la clase política argentina en su conjunto siga poblada básicamente por los mismos ejemplares.

Desgraciadamente, cuando los Estados argentino y uruguayo han convertido esta crisis en una causa nacional, el gran perdedor ha sido el movimiento ecologista uruguayo. Frente al argumento del crecimiento económico y la creación de empleo en un país que no acaba de salir de la crisis económica, la izquierda uruguaya ha cerrado filas en torno a las posiciones más nacionalistas y desarrollistas, y los grupos ecologistas que protestan son francamente minoritarios. Lo mismo pasa con los intelectuales: Mario Benedetti se impregnó del nacionalismo acusando a Argentina poco menos que de impedir el desarrollo de Uruguay; más lúcido, Eduardo Galeano ha tenido la valentía de oponerse a las transnacionales europeas.

Digamos que la «nacionalización» del conflicto ha bloqueado las alianzas que hubieran podido tejer la ciudadanía de Argentina y de Uruguay. Si en Uruguay se hubiera podido extender el debate sobre el modelo económico al que aspira el país (¿monocultivo celulósico? hace más de una década que compañías como ENCE controlan miles de hectáreas para plantar eucaliptus), la fortaleza de los movimientos sociales hubiera sido mucho mayor.

Para más información podeis visitar la página de Greenpeace, en la que Paula Brufman os hace un pequeño resumen (y donde podeis rellenar y enviar un modelo de carta de protesta muy sencillo), y también la página de la asamblea ciudadana que se opone a las papeleras, en donde os invitan a escribirle a las personalidades que tienen que decidir si financiar o no a esas empresas.